Hubiera deseado venir a Tucumán para asistir a una celebración institucional, pero otra vez es una amenaza a la judicatura lo que trae a estos pagos a Víctor Vélez, presidente de la Federación Argentina de la Magistratura (FAM). Resignado, el cordobés de hablar pausado y con un tono de voz muy suave se arremanga imaginariamente las mangas de la camisa, y atiende el asunto “técnico” que lo convoca: la reciente incorporación del instituto de la suspensión automática de los magistrados acusados de mal desempeño ante el Jurado de Enjuiciamiento y la eliminación de la posibilidad de solicitar el apartamiento (recusar) de los jurados. “Esto del tribunal irrecusable no existe en el resto del país y, si bien otras jurisdicciones pueden suspender a los jueces sometidos al régimen de destitución, se trata de una facultad sumamente acotada. En general, no hay suspensiones”, acota.
Vélez habla con LA GACETA en la sala redecorada de la Asociación de Magistrados de Tucumán (AMT), entidad que lo convocó para fortalecer la decisión de judicializar la reforma sancionada a instancias del oficialismo en la penúltima sesión del año pasado (se informa por separado sobre los otros juicios iniciados a propósito de este cambio legal). Sería la primera vez en años -si no en toda su historia- que la Asociación impugna una decisión política en sede judicial. Vélez dice que la entidad que preside Marcela Ruiz es valiente porque otras organizaciones de jueces del país simplemente no se animan a enfrentar al poder y que la FAM está dispuesta a “nacionalizar” el conflicto.
En presencia de algunos de sus anfitriones, el representante de los jueces provinciales del país juzga que la suspensión automática vigente en Tucumán -mas nunca aplicada aún- es una manera de anticipar la destitución. “Se trata de un adelantamiento de la pena que eventualmente podría disponer el Jurado después de sustanciar el proceso: un castigo anticipado y automático”, resume Vélez. Y añade: “es un instituto peligroso porque rompe el equilibrio de poderes que caracteriza a la república”.
Ninguna seguridad
La independencia no es una prerrogativa o un privilegio del juez, sino una garantía para el ciudadano: Vélez recuerda este postulado al decir que todo intento de domesticar y disciplinar a los magistrados en definitiva lesiona a la comunidad que acude a los Tribunales con la expectativa de imparcialidad. “Esto es lo que no se ve. Parece que los jueces actúan por una posición corporativa o porque no quieren rendir cuentas. Yo creo que los jueces acusados de mal desempeño deben ser juzgados en el ámbito de un proceso respetuoso de las garantías constitucionales”, reflexiona el titular de la FAM.
Aunque forastero, Vélez es consciente de que nunca funcionó el Jurado de Enjuiciamiento incorporado en 2006 para echar a los jueces, fiscales y defensores oficiales (el viejo juicio político sigue vigente respecto de los vocales de la Corte y del titular del Ministerio Público). Lo sabe porque en 2013 vino a esta ciudad a apoyar a Eduardo Romero, el camarista que más cerca estuvo de producir el debut del Jurado por haber absuelto a los acusados del caso “Verón”. Al fin, la propia Corte local -con una integración ad hoc- detuvo el proceso de destitución con el argumento de que el juez acusado por Susana Trimarco, mamá de la víctima, había denunciado la falta de garantías del orden jurídico tucumano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Amén de las críticas al diseño desequilibrado del Jurado -cinco de sus ocho miembros responden al oficialismo-, el pueblo carece en los hechos de resortes para librarse de los malos jueces. Vélez interpreta que esta situación, combinada con el instituto de la suspensión automática, ofrece dos lecturas: “por un lado está la posibilidad de domesticar a los jueces díscolos. No importa si se usa o no: basta conque exista para causar temor al juez. Es un mensaje: ‘te podemos echar’. Y, por otro lado, consta la posibilidad de proteger a los jueces incursos en mal desempeño. ¿Qué seguridad pueden tener los ciudadanos? Ninguna”, afirma.
¿Cuál es el futuro de la reforma del régimen de destitución resistida por la AMT y la oposición? Vélez avizora que la enmienda caerá antes o después. Antes si el Poder Ejecutivo admite que se equivocó y retrocede. Después si hay que agotar la vía judicial. “La derogación es el final cantado”, vaticina el titular de la FAM, quien carga con la rica experiencia de ataques a la Justicia del período kirchnerista. Vélez analiza que el Gobierno de Cambiemos hizo una gran apertura en materia de política judicial. Después advierte que la convivencia entre la judicatura y el poder político varía de provincia a provincia. Pero una situación se repite en casi todas las jurisdicciones: según Vélez, en general las investigaciones de corrupción sólo avanzan cuando los funcionarios públicos denunciados dejan el poder.
Fuente: La Gaceta de Tucumán