La Asociación de Magistrados/as de Tucumán, y su Comisión de Género, consideran necesaria la inmediata adhesión por parte de la Honorable Legislatura de la Provincia, a la ley Nacional “Micaela” Nº 27499, en todos sus términos.
En el día de la fecha, 15 de mayo de 2020, esta entidad presentó nota formal al señor Presidente de la Honorable Legislatura de la Provincia de Tucumán, CPN Osvaldo Jaldo solicitando al adhesión a la mencionada ley.
El pedido efectuado tiene por fundamento lograr que el Estado Argentino, en todo el territorio, cumpla con las obligaciones internacionales asumidas respecto a los Derechos Humanos de las Mujeres, buscando, con la capacitación en perspectiva de género, en los tres poderes del Estado, cambiar la cultura y en definitiva erradicar patrones culturales de violencia y discriminación arraigados socialmente.
En este sentido, y como política de nuestra Asociación, se creó una Comisión de Género, integrada por personas que formamos parte del Poder Judicial, para colaborar en pos de acciones positivas para el logro de los derechos fundamentales de las mujeres.
Habiéndose comprometido el Estado Argentino al ratificar distintos instrumentos internacionales, como la CEDAW (Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación Contra la Mujer) y la Convención de Belém do Para (Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer) entre otros; en el logro de una transformación social guiada por los postulados constitucionales y convencionales de paridad de género, en todos los órdenes de la vida social, promoviendo las reformas que hagan falta en ese sentido y adecuando las normas provinciales y nacionales para esa evolución. Es por ello que les requerimos la adhesión a la ley y a los postulados que en la educación se sustentan.
En efecto, tanto la CEDAW como Belém do Para, propenden a la modificación de patrones socioculturales con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias, que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres. Entendemos por ello que la capacitación, educación y formación de todas las personas que integran los poderes del estado, es una obligación y no una opción para quienes forman parte mismo, generándose con ello políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia contra las mujeres.
Adherirse a esta ley y respetarla implica claramente el inicio en la transformación social efectiva, desde la educación y sensibilización por la vigencia y respeto de los derechos de las mujeres por parte de los distintos poderes del Estado, logrando que la sociedad en su conjunto las asuma y acepte como valiosas, incorporándolas a su cultura, desde la “conducta transformadora”.
Desnaturalizar la desigualdad jerárquica de poder y lograr la tan ansiada igualdad formal y real entre la mujer y el varón, es el principal objetivo. El estereotipo de violencia para los varones que se enseña, apoya, reproduce y justifica, dentro de la sociedad, debe ser desconstruido y, en ese sentido, el rol de esta ley es indiscutible.
Conscientes de que en la pandemia en que nos encontramos por el Covid-19, ha quedado una vez más manifiesta la dramática situación de violencia contra las mujeres, dado que los femicidios en comparación con otros delitos han aumentado, lo que amerita la urgencia en la adhesión e implementación a esta ley.
Creemos en la educación como herramienta primordial de transformación social y entendemos que ello sólo es posible con programas sostenidos que sensibilicen a quienes ocupan un cargo en el Estado, para que lo ejerzan con perspectiva de género, habiendo recibido capacitación específica en la temática y así caminar hacia una sociedad más justa e igualitaria.
