El pasado miércoles 29 de septiembre, la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, brindó la conferencia titulada «Derecho a la defensa y acceso a la justicia» en el marco del Ciclo de Conferencias 2021 de la Asociación de Magistrados/as de Tucumán (AMT).
El evento, de carácter libre y gratuito, se transmitió en vivo a 19 horas por el canal de YouTube de esta asociación, contando con la moderación de Marcela Ruiz, Presidenta de la AMT, y de Mario Velázquez, Magistrado Delegado del Centro Judicial Monteros.
Tras la presentación a cargo de la Dra. Marcela Ruiz, la Dra. Martínez afirmó: “el derecho a la defensa es una garantía fundamental ligada al derecho humano de acceso a la justicia; es un derecho que permite restablecer el ejercicio de los derechos que han sido vulnerados y es la puerta de entrada a los causes institucionales para resolver conflictos en el seno de la comunidad. Los Estados tienen la obligación de remover los obstáculos para acceder a la justicia y hacer valer los derechos de todo tipo; incluso en la etapa de la ejecución de las sentencias.”
Su presentación continuó con una definición del derecho de acceso a justicia y un repaso de las Reglas de Brasilia, como uno de los instrumentos principales para garantizar el acceso a la justicia de los sectores más vulnerable. También se refirió a la Ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa (MPD) y a la función que le otorga al organismo que ella encabeza de defender y proteger los derechos humanos y garantizar el acceso a la justicia, en especial de quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. En ese marco, la defensora resaltó que “todavía muchas provincias no cuentan con una defensa pública autónoma” y señaló que “no puede haber contienda judicial en igualdad de armas si la defensa publica no es independiente de los fiscales.”
Además, hizo referencia al rol proactivo que el actual diseño de defensa reclama a quienes la ejercen para que su trabajo sea efectivo. En ese sentido, destacó el trabajo de litigio estratégico que lleva adelante la DGN mediante sus programas y comisiones, los cuales detalló. También señaló la labor de asistencia y patrocinio a víctimas de delitos federales y de la justicia nacional en CABA, que desarrolla la institución y que se vio reforzado a partir de la creación de la figura del/de la defensor/a público/a de víctima en las provincias argentinas.
Luego revisó los estándares que la Corte Interamericana de Derechos Humanos fijó para el derecho a la defensa en su fallo del caso Ruano Torres contra El Salvador. Así, se refirió a el deber del Estado de garantizar la asistencia jurídica cuando las personas no tienen recursos y en la totalidad de los casos penales, a la necesidad de autonomía para que la defensa pública ejerza adecuadamente su función y actúe según los intereses del imputado, y a la responsabilidad internacional que asumen los Estados cuando la defensa que brindan es ineficaz o perjudica a su defendido.
Del mismo modo, desarrolló sobre las resoluciones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos referidas a la defensa pública, obtenidas desde el año 2011 merced al trabajo de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas y a las representaciones diplomáticas de países como Brasil, Costa Rica, Chile y Argentina. De esos documentos destacó el reconocimiento a nivel regional a la defensa pública como herramienta para garantizar el acceso a justicia de las personas en vulnerabilidad, y las recomendaciones a los estados de garantizar la independencia, autonomía y de fortalecimiento de las instituciones que la ejercen.
Para concluir Martínez citó una frase de Eugenio Raúl Zaffaroni que, según ella, resume todo lo que había dicho en este panorama de las características de una “defensa pública moderna y proactiva”: “Sólo puede considerarse satisfecha la exigencia de una defensa real, cuando los que no tienen acceso a la defensa privada gozan de una defensa pública de igual calidad”.
Finalmente, al ser consultada sobre su visión de la situación actual de la justicia en general, la defensora afirmó: “Si bien no me gusta generalizar, creo que sí hay malos jueces, fiscales y defensores, que no hacen honor a su magisterio. Pero la gran cantidad de agentes es proba, honesta y hace un gran esfuerzo personal por su trabajo. Como servidores públicos tenemos que ser objeto del escrutinio de la sociedad, porque la gente muchas veces no se siente contenida por nosotros, no siente que la justicia haga un esfuerzo por solucionar sus problemas. Si la justicia no toma en cuenta su rol de garante de los derechos humanos de todos, en especial de los más vulnerables, obviamente que se deslegitima (…) Porque se divorcia el concepto de justicia de lo que hacemos todos los días y eso no debe ocurrir nunca.”