La actual crisis originada por pandemia de COVID-19 en el mundo y sus consecuencias en nuestro país, tornan necesario mirar con detenimiento el rol que,
en esta coyuntura histórica, toca asumir a los Poderes Judiciales en la sociedad.
A los sistemas judiciales corresponde gestionar la conflictividad generada por la actual situación sanitaria, económica y social, para asegurar la paz social, la
seguridad jurídica y el bienestar general.
A las dificultades existentes para prestar el servicio de justicia en el contexto de esta grave crisis con medidas de aislamiento y distanciamiento social se suman serias afectaciones a la independencia judicial. La generalización de estos ataques lleva a remarcar la necesidad de fortalecer las instituciones del Estado de Derecho resguardando la independencia judicial de hostigamientos externos e internos.
En el corto período de tiempo que lleva la crisis sanitaria en la República Argentina se han presentado: ataques y amenazas a magistrados y magistradas por el ejercicio de su función (Misiones); proyecto de reforma integral de la justicia y derogación de la ley que regulaba el sistema de selección de magistrados por el Consejo de la Magistratura (Catamarca); atrasos prolongados en el cobro de haberes con afectación al ejercicio de las funciones; tentativas por parte del Poder Ejecutivo provincial de reducir el presupuesto del Poder Judicial y los sueldos de la magistratura y funcionariado judicial (Chubut); descalificaciones y denuncias a magistrados por decisiones dictadas en el ejercicio de su función (Chubut, Tucumán); descalificaciones por parte del P.E.N. hacia la actuación de un magistrado provincial en una causa concursal (Santa Fe); inconsistencias en los modos de selección y designación de una integrante de una Corte provincial (Mendoza); reformas legislativas en materia previsional y remuneratorias que atentan contra las garantías básicas que prevé la Constitución nacional (provincias regidas por la ley 24.018, Córdoba y Entre Ríos); crisis y malestares por los modos de desenvolvimiento y adaptación a las medidas de bioseguridad de la actividad de los poderes judiciales; acciones sucedidas en distintas provincias tendientes a ejercer presión sobre magistrados en las resoluciones sobre excarcelaciones y prisiones domiciliarias durante el período de pandemia provenientes de sectores políticos
difundidas por medios de comunicación, que motorizan pedidos de informes y declaraciones públicas.
Por ello, FAM considera imprescindible manifestar que para poder enfrentar en forma adecuada la crisis que está afectando al país y atender los conflictos que aquejan a las ciudadanas y ciudadanos argentinos, es necesario: Afianzar en su vigencia concreta el principio de división de podes del Estado y el
respeto a la independencia judicial como reglas prioritarias sin las cuales las demás garantías y derechos constitucionales se ponen en riesgo.
Repudiar los intentos de agresiones a la integridad física de magistrados y funcionarios asegurando condiciones de seguridad sólidas en todas las jurisdicciones del país.
Garantizar la provisión de recursos básicos para los fueros judiciales que tendrán aumento de litigiosidad en lo inmediato como lo son el laboral, concursal, de familia y penal.
Profundizar los avances en la incorporación de tecnologías digitales al funcionamiento judicial en todas las áreas.
Reafirmar el rol de la abogacía en el funcionamiento de los sistemas coadyuvando a superar las múltiples dificultades que enfrenta en el presente el ejercicio profesional para la defensa de los derechos de las ciudadanas y ciudadanos.
Fortalecer los mecanismos de selección y designación de magistrados en todas las instancias del país, garantizando criterios basados en concursos y en méritos, sin injerencia de influencias políticas.
Sostener la continuidad de las políticas sobre perspectiva de género, igualdad y lucha contra todas formas de violencia y discriminación hacia las mujeres en las justicias provinciales y de CABA focalizando la agudización de casos en el contexto de la pandemia.
Rechazar todo intento de reforma a las condiciones de jubilación y remuneración de los integrantes de los Poderes Judiciales provinciales y de CABA que vulneren la Constitución nacional y Constituciones provinciales, promoviendo que todo intento de modificación legislativa otorgue la participación a las Asociaciones y Colegios interesados, evitándose avances hacia la independencia judicial.
Los Presidentes y Presidentas de Asociaciones y Colegios de Magistrados y Funcionarios de las provincias argentinas y CABA, estamos convencidos que
debemos esforzarnos en unidad para el fortalecimiento de estos objetivos y renovamos nuestro compromiso en trabajar día a día por Poderes Judiciales independientes que garanticen los Derechos Humanos de todos los habitantes del país.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 27 de julio de 2020