Se creó en Tucumán la “Casa de Convivencia María Isabel Gramajo” para personas con padecimiento en el campo de la salud mental, con intervención de equipos interdisciplinarios y coordinación interpoderes, impulsada desde el Poder Judicial. Esto configura un caso inédito en nuestro país, que indica el camino a seguir en pos de la plena efectividad de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de aquellos que integran este colectivo vulnerable. Así lo indicó Ángela Rossana Martínez (en fotografía de portada, durante una audiencia virtual de conciliación de acuerdos de régimen comunicacional), jueza de Familia y Sucesiones de la séptima nominación de la jurisdicción capital de Tucumán.
María Isabel Gramajo fue internada en el Hospital Nuestra Señora del Carmen, tras la muerte de sus padres hace más de 15 años. Aunque al comienzo la internación parecía justificada, con el tiempo comenzó a ser evidente que la estancia allí no obedecía a un criterio médico sino a la realidad de Gramajo, quien, a pasar de ser propietaria de una vivienda, no tenía a dónde ir. Según los registros, sus padres bregaron para que ella estuviera cuidada, pero quienes debían ocuparse se quedaron con su casa y promovieron su hospitalización por un lapso indefinido. María Isabel ingresó a El Carmen el 12 de diciembre de 2007 y seguía allí en 2016, pese a que estaba en condiciones de egresar desde 2011.
“El instituto deberá llevar el nombre de la propietaria del inmueble como recordatorio del daño ocasionado por el encierro prolongado; de la necesidad de inclusión en la comunidad y del respeto por los derechos humanos de quienes padecen enfermedades mentales”, ordenó Martínez en una resolución de 2017. La gestión de la institución y los tratamientos de rehabilitación dependen del Sistema Provincial de Salud, un equipo se ocupa de preparar a las pacientes dadas de alta para que puedan paulatinamente enfrentar un mundo que, en líneas generales, no comprende las enfermedades mentales y las rechaza y estigmatiza. La jueza indicó que “se trata de un dispositivo previsto en la Ley de Salud Mental, que tiene por objeto la inserción comunitaria de personas con patología mental, en línea con el cambio de paradigma en esta materia, que propugna la internación como última opción, cuando han fracasado las demás alternativas familiares y comunitarias, dando así cumplimiento con obligaciones internacionales asumidas por el Estado, especialmente con la Convención sobre las Personas con Discapacidad”.
Todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes. Así, desde el activismo judicial se plantea abandonar el rol del juez como decisor de un caso individual, ya que la protección de derechos de los colectivos vulnerables requiere de un plus a los fines de lograr una igualdad real, discutiendo junto a otros efectores estatales de qué manera alcanzar la plena vigencia de los derechos vulnerados. “Esta visión permite afianzar la justicia y mantener la paz social, sobre todo en estas latitudes en que la pobreza genera la mayor exclusión. El rol del Poder Judicial como impulsor de políticas públicas, en casos individuales o de incidencia colectiva, resulta de gran valor y se plasma en resultados tangibles como se vislumbra en la Casa Gramajo” indicó Martínez.
Coordinación interpoderes para un nuevo enfoque
Como se indica en nota publicada por La Gaceta en 4/4/2021, el desamparo de Gramajo comenzó a ceder cuando la curadora original fue desplazada y sustituida por Lilia Estela Salim, defensora de Menores e Incapaces de la primera nominación. En audiencias y presentaciones en las que también intervinieron Liliana Torres y Verónica Parache, profesionales del equipo del Hospital del Carmen, y Teresa Ivankow, funcionaria judicial a cargo de articular medidas en materia de discapacidad, salud mental y consumo problemático de estupefacientes, las partes dieron forma a la salida progresiva de Gramajo, que inicialmente estaba afuera del hospicio sólo dos horas al día. A partir de allí y en paralelo al desarrollo del juicio sucesorio, Martínez ordenó el desalojo cautelar del inmueble de Gramajo; prohibió a los ocupantes acercarse a la propietaria; dispuso una consigna policial para impedir usurpaciones y autorizó el “plan de externación” propuesto por El Carmen.
La materialización de la Casa de Convivencia no fue fácil porque había que articular un proyecto sin precedentes en la provincia y superar abundantes cuestiones burocráticas. Si bien Gramajo disponía de una vivienda, esta debía ser acondicionada en múltiples sentidos para que aquella pudiese habitarla y seguir recibiendo la atención sanitaria apropiada. En palabras simples, había que generar un cuidado especial inexistente en el Siprosa. La coordinación requirió del trabajo conjunto del sistema judicial, y de los ministerios del Poder Ejecutivo que conducen Rossana Chahla (Salud) y Gabriel Yedlin (Desarrollo Social) -en ese momento, el médico Walter Sigler, hoy director general de Salud Mental y Adicciones encabezaba El Carmen-. En el ínterin, la propiedad desocupada fue vandalizada y atacada, y su deterioro se convirtió en una barrera más para el objetivo de que Gramajo egresara del hospital.
La búsqueda de una alternativa condujo a la siguiente innovación: con la intervención de Salim, la paciente, que carece de herederos, donó al Siprosa su bien con el cargo de que esa agencia ponga en marcha un hogar para ella y otras pacientes similares. La donación consta en la sentencia del 1 de junio de 2017 donde Martínez autorizó su procedencia siempre y cuando el Estado garantice la manutención y los tratamientos de Gramajo, así como las refacciones y demás gastos que demande el funcionamiento del instituto, y que este iba a continuar existiendo tras el fallecimiento de la donante. La jueza advirtió que, si esas obligaciones no se verificaban, la donación sería revocada. Con un paso lento, pero sostenido, la iniciativa prosperó.
Un proceso judicial dio lugar así al nacimiento de la Casa de Convivencia que rompe el esquema “hospitalocéntrico” que condenaba a quienes sufrían enfermedades mentales a la pena del aislamiento perpetuo.
