Luego de 4 meses de funcionamiento en la unidad Nº 1 del servicio penitenciario de la provincia de Tucumán, integrantes del gabinete conformado por personas privadas de libertad y personal penitenciario realizaron una evaluación de los resultados obtenidos con este nuevo sistema de resolución de conflictos, basado en principios de la justicia restaurativa, en una reunión llevada a cabo hoy en el penal de Villa Urquiza y prevista en el Protocolo para la Prevención y Solución de Conflictos.
Participaron de la jornada el subsecretario de políticas penitenciarias, Esteban Zaracho, el director general, Félix Concha, directores de unidades, el asesor del Ministerio de Seguridad, Sebastián Tula Rizzo, la jueza de ejecución (subrogante) Ana María Iacono y los jueces Federico Moeykens y Alicia Merched, en representación de la Comisión de Justicia Restaurativa de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Tucumán (AMT), funcionarios y funcionarias de la Oficina de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia, de los ministerios públicos fiscal y de la defensa, del área de educación en contexto de encierro del Ministerio de Educación, de la cátedra de ejecución de la pena de la Facultad de Derecho, personas privadas de libertad e integrantes de la organización de Derechos Humanos ANDHES, como así también de la Asociación de Pensamiento Penal.
Según manifestaron desde ANDHES, los llamados Comité de Prevención y Solución de Conflictos nacieron como una buena práctica penitenciaria en el año 2015 con una experiencia piloto en la cárcel de Batán (Buenos Aires), que impulsó cambios en las relaciones entre personas privadas de libertad y agentes penitenciarios y que pretende explorar otros métodos de resolución de conflictos que complementen a los ya existentes.
Asimismo, expresaron que el proyecto intenta brindar alternativas para gestionar los conflictos de modo creativo y poder así restaurar la paz y evitar su repetición, reservando la sanción estatal para aquellos casos donde no sea factible encontrar una mejor solución.
Finalmente, la Directora de ANDHES, Fernanda Marchese, destacó la heterogénea participación estatal y remarcó la importancia del trabajo articulado entre los distintos poderes del Estado con las organizaciones de la sociedad civil, poniendo especial énfasis en la importancia del compromiso asumido por todos los actores para implementar el proyecto en forma inmediata en todas las unidades del servicio penitenciario.
Fuente: ANDHES.