A escasos 6 meses de la implementación del nuevo Código Procesal Penal en Tucumán, el Colegio de Jueces del Centro Judicial Capital ya realizó más de 3.500 audiencias, dictó cerca de 5.000 medidas y resolvió el 30% de los legajos iniciados. Los magistrados y magistradas que integran este colegio, el personal judicial, otros poderes del Estado, y la abogacía, asumieron un desafío sin precedentes: poner en marcha un nuevo sistema de justicia penal, en el medio de la pandemia del Covid-19 y en el inédito escenario de la virtualidad.
Pero poner en marcha un sistema que nunca había tenido en cuenta la virtualidad no era el único desafío: también se debieron sistematizar nuevas reglas, órganos, mecánicas de trabajo y parámetros para que, con celeridad, se realice el ideal de Justicia. Presidido por María Alejandra Balcázar y con Ana María Iácono en la vicepresidencia (quien a su vez se encuentra subrogando el Juzgado de Ejecución) el Colegio de Jueces es una de las estructuras pilares para la organización del nuevo sistema adversarial. Este órgano cuenta con 17 jueces y juezas-tres de ellos con la especialidad en Niñas, Niños y Adolescentes-.
Por otro lado, una cuestión que configura un avance trascendente del nuevo sistema es la participación de la sociedad en las audiencias. Las víctimas se han hecho presentes de estos espacios para exponer lo que les pasó y hacer peticiones a las autoridades. En ese contexto, la oficina de víctimas integrada por profesionales especializados, ha sido un soporte fundamental, configurando un espacio de pacificación social y participación ciudadana.
Balcázar señaló la dificultad del escaso recurso humano, ya que, si bien el artículo 83 de la Ley N°9.284 establece que el Colegio requiere de 36 miembros para su funcionamiento, el nuevo sistema comenzó a funcionar con tan solo 14 miembros, sosteniendo en la actualidad esta estructura 17 jueces y juezas. La magistrada destacó el esfuerzo de todo el colegio, a pesar del número reducido de magistrados: “trabajamos con un profundo compromiso, resolviendo los casos que llegan a nuestro conocimiento con rapidez y urgencia, conscientes de lo importante que resulta la celeridad en el servicio de Justicia” indicó.
Las estadísticas muestran que se realizaron más de 3.500 audiencias, en una curva ascendente que crece mes a mes, en febrero se completaron 592 audiencias y en marzo 738. Además, se dictaron cerca de 5.000 medidas de diferente naturaleza: allanamientos, detenciones, protecciones de persona, exclusiones del hogar, etc., se resolvieron 280 juicios abreviados, se dictaron 200 suspensiones de juicio de prueba, y se dispusieron más de 1.000 prisiones preventivas. Sumado a esto, se llevaron a cabo 46 audiencias de control de acusación y, a pesar del poco tiempo transcurrido, ya se han celebrado 5 juicios orales. En ese marco, se encuentran en trámite 1.356 legajos, habiéndose resuelto hasta esta semana 391 casos -aproximadamente un 30% de los legajos ingresados, muchos de ellos con condena efectiva-.
Entre sus tareas, los/as magistrados/as suman la realización de turnos semanales y diarios, lo que implica largas y extenuantes jornadas, inclusive en horarios nocturnos, fines de semana y feriados. Así, junto al personal de la OGA, con el compromiso de quienes forman parte del Poder Judicial, se busca dar respuesta en forma eficaz y efectiva a los requerimientos que son llevados a su conocimiento, y que se han visto incrementados con el correr de los meses.